Introducción

La Constitución Nacional Argentina incorporó, con motivo de la reforma del año 1994, el capítulo dedicado a los nuevos derechos y garantías constitucionales. Entre ellos, y con la importancia que ello ameritaba, incorporó el artículo 41 el cual establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras destacando el deber de cada uno de preservarlo. Asimismo, dispuso que “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

Con motivo de esta nueva garantía constitucional, el 6 Noviembre del 2002 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.675 LEY GENERAL DEL AMBIENTE, la cual en su art. 22 estableció que toda persona que realice actividades riesgosas para el ambiente deber contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para financiar la recuperación del daño que pudiere producir.

Con motivo de dicha obligatoriedad dispuesta por la Ley General de Ambiente, la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), se dedicó a aprobar numerosas resoluciones con el fin de reglamentar la forma en que debían otorgarse estas coberturas. Es así que entre otras, dictó la Resolución SAyDS Nº 177/07 que fijó las normas operativas para la contratación de los seguros previstos en el art. 22 de la Ley antes indicada.

Asimismo, y en lo que respecta al ámbito provincial, la totalidad de las provincias que conforman nuestro país ha dictado sus propias leyes y decretos reglamentarios en similar sintonía a la Ley Nacional, siendo en la actualidad el SAO exigido a lo largo y a lo ancho de nuestra República.

El 16 de Junio del 2016 el MAyDS por medio de la Resolución 206/2016, estableció el procedimiento para la verificación del cumplimiento de la obligación de contratar un seguro ambiental obligatorio (SAO), lo que reafirma el compromiso del Gobierno actual con la política ambiental y las coberturas de Seguros exigidas.

En el marco de esta obligatoriedad, el seguro ambiental, comienza a convertirse en un requisito exigible por la autoridad de aplicación y una necesidad para la renovación de las habilitaciones y permisos de autoridad ambiental.